Lo barato sale caro, deberíamos tener en cuenta esto cuando se intenta desde la Administración imponer a marchas forzadas una política de ahorro. Es en este momento, en el que los ajustes y recortes saltan a la palestra, cuando la Administración debe demostrar el conocimiento que se le supone sobre el material que maneja.
El primer ejemplo ha sido una pedrada en la frente, la fantasmagórica decisión (todavía nadie la ha confirmado oficialmente ni en que términos, pero haberla hayla, oiga) de forzar a los jefes de área y unidad a establecer los procedimientos con vistas a que el personal se tome las vacaciones en agosto este mismo año presenta graves problemas de credibilidad: ¿Alguien sabe cuanto se ahorra? Un funcionario trabajando en julio gasta lo mismo en luz y agua que trabajando en agosto, eso es así. Y si se trata de cerrar edificios ¿alguien sabe cuales van a cerrarse? ¿Tan difícil o engorrosos es trasladar al personal a los edificios que deban permanecer abiertos en todo caso?. ¿Justifica este ahorro el daño familiar y económico que puede sufrir el personal afectado este mismo año, en el que las vacaciones ya están más que planificadas, o en años venideros?. En todo caso lo que parece claro que nadie en las altas alturas tenía las respuestas para estas preguntas (¿se lo planteó alguien?), y sin embargo la decisión fue tomada.
Tras varios años ya de política errática y dubitativa en materia de personal culminada con la reciente modificación de la RPT que esperemos, al menos, proporcione cierta estabilidad, la Administración pone en juego su credibilidad por encima de cualquier otra consideración al acometer ningún tipo de medida estructural que afecten a los derechos económicos y profesionales del PAS. No podemos permitir que bajo la excusa del desinfle presupuestario se nos intenten colar medidas que solo muestren el engaño en algunos casos, y en otros, más claramente, la simple incompetencia en la gestión.
y siguen haciendo con nosotros lo que quieren, ¿hasta dónde vamos a llegar?
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